1) la globalización
Colombia, país cuyo desarrollo ha estado interferido por grandes influencias externas, vive hoy, bajo políticas neoliberales impuestas por el capital financiero mundial, una de sus crisis más profundas.
Se trata del deterioro creciente de su capacidad productiva en el campo y la ciudad y la entrega de sus activos a las firmas trasnacionales; se trata de la inequidad insoportable de la distribución de la riqueza y la propiedad; de la violencia ejercida por el Estado, de manera directa o soterrada, para sostener y profundizar el régimen de explotación, con democracia electoral aparente pero dominada en muchos sectores determinantes de la geografía nacional por fuerzas paraestatales que imponen sobre la población sus designios, en cumplimiento de lo ordenado por las clases dominantes, locales y extranjeras.
Se vive, asimismo, la época de la mercantilización de los derechos. El colombiano accede a sus derechos constitucionales sólo si cuenta con capacidad económica para pagarlos. El empleo estable se reduce mientras crece la informalidad en las relaciones laborales. Se fomenta la insolidaridad y se impone la idea de que lo colectivo, aquello que forma la esencia de la sociedad, es obsoleto.
En medio de esas circunstancias se adelanta un proceso de sustitución de “dueños” del poder, según el cual los poderosos antiguos se ven en buena medida desplazados por sectores en ascenso provenientes del sector financiero y el viejo latifundismo, rescatado de la prehistoria por la fuerza paraestatal y por el manejo de recursos extraordinarios provenientes del negocio de las drogas ilícitas, manejados e introducidos a la corriente “legal” por su socio, el sector financiero.
Esas manifestaciones del conflicto colombiano necesitan ser escudriñadas.
1.1 La crisis
En esta fase imperialista del capitalismo son cada día más evidentes las características notadas por Lenin (“El Imperialismo, fase superior del capitalismo” 1916):
La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado de desarrollo que ha creado los monopolios, que desempeñan un papel decisivo en la vida económica;
La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este "capital financiero", de la oligarquía financiera;
La exportación de capital, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia particular;
La formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, y
La terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas más importantes.
Esas condiciones, que priman en Colombia y en el mundo capitalista, afectan de manera importante la capacidad de producir y, por tanto, la capacidad de crear riqueza.
1.1.1 La acumulación capitalista
Durante años, la ganancia del aparato productivo fue más importante que su distribución o apropiación. Era también la época de las inversiones directas en el extranjero por parte de las corporaciones que preferían la obtención directa de plusvalía, a la renta que podría producir la exportación de capital dinero. Era el período llamado de acumulación “fordista”.
Pero frente a una tasa de ganancia decreciente y a una respuesta lenta de las inversiones productivas, el interés ganado por el segmento rentista especulador de la corporación financiera se mostró más eficiente para el objetivo capitalista de acumular dinero. Así, de manera gradual la producción fue cediendo paso a la especulación, consolidándose la idea bárbara de que el capital dinero posee capacidad auto-reproductora. La circulación del dinero se hace, para los dueños actuales del capital, más importante que la creación de la riqueza.
Una consecuencia directa de lo anterior es la disminución de la intención de producir, lo cual se traduce en la reducción de la tasa de crecimiento de la creación de riqueza global.
Como decía Lenin: “El imperialismo es la enorme acumulación en unos pocos países de capital monetario… De aquí el incremento extraordinario de la clase o, mejor dicho, del sector rentista, esto es, de individuos que viven del "corte del cupón", completamente alejados de la participación en toda empresa y cuya profesión es la ociosidad. “
La acumulación rentista, para su pleno desarrollo que incluye la exportación de capital dinero succionador del valor creado en los países receptores, requiere facilidades que se traducen en normas y legislación comunes que favorezcan el flujo de capitales, además de organismos internacionales a su servicio que garanticen el retorno incrementado del capital dinero: los acuerdos multilaterales tipo OMC, ALCA, TLC, incluyen, además de términos de eliminación de restricciones al flujo de bienes, elementos de desregulación y liberalización de los mercados financieros y otros servicios. Se trata de convertirlos en normas y política económica supranacionales para favorecer al rentismo mundial.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) actúa como el vigilante y garante del continuado enriquecimiento de los capitalistas financieros por medio de la valoración permanente de la capacidad de las firmas y los Estados de “honrar” las deudas y de su función de avalar o no los créditos solicitados de acuerdo con el cumplimiento de compromisos pactados de ingresos y ahorros con destino al pago de las obligaciones financieras. El rentismo intenta minimizar el riesgo de la “economía de casino” y genera mecanismos que garanticen su ganancia.
Es claro, sin embargo, que un régimen de acumulación como el actual se dirige, con mayor o menor rapidez, a su deterioro. La restricción creciente de la ganancia del productor dificulta la reproducción ampliada del capital productivo, frena y hace retroceder la creación de riqueza, fuente primaria a partir de la cual se deriva la renta. Así, ambos brazos del capital financiero, el rentista y el productor, parecen conducirse simultáneamente a su debilitamiento continuado.
1.1.2 Nuevas formas de captación de riqueza
En ese camino, el capitalismo desarrolla nuevas modalidades de captación de valor, ahora deducido ya no de la plusvalía sino del precio reconocido y pagado por la fuerza de trabajo: los fondos privados de pensiones, por ejemplo, acumulan para usufructo rentista el ahorro forzoso del trabajador. Se trata de una modalidad de capitalismo con capital de los trabajadores para beneficio particular. Al trabajador le reconocen, con dificultad creciente, una pensión reducida al cumplimiento de las cada día más exigentes condiciones de jubilación, mientras los dueños del negocio financiero se benefician durante décadas del dinero aportado por cada individuo que ahora, para defender su propio ahorro (antes un derecho), se ve impulsado a defender la especulación financiera.
La deuda pública constituye otro mecanismo de alta eficiencia en la captación del valor creado por los pueblos. Como anotara Marx, se trata de un proceso de “... acumulación por acreedores del Estado autorizados a recibir ciertas sumas sobre la masa de los impuestos”, impuestos que provienen de los ingresos y del consumo de toda la población (IVA) sin considerar el nivel de sus excedentes. Para facilitar esa captación se trata de que los gobiernos, responsables del pago, representen al rentismo nacional o trasnacional. De manera consciente, o por el canto de las sirenas financieras, sostienen la idea de que la banca y sus similares constituyen la columna vertebral de cualquier sociedad y por tanto la única prioridad de una nación es su defensa y fortalecimiento.
La conversión en mercancía de los servicios esenciales para la vida se convirtió en política global. Ante la incertidumbre del consumo, por parte de poblaciones empobrecidas, de los bienes no indispensables, cobra importancia como nuevo negocio la comercialización de los elementos de consumo necesario que antes constituían servicios prestados por el Estado. El agua potable, la energía eléctrica, la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, todos ellos son bienes o servicios sin cuyo consumo la vida actual es poco menos que imposible. Convertidos en mercancías ofrecen la ventaja mayúscula para el capitalista de tener mercados cautivos en todo el mundo: toda la población. Así, se orienta entonces desde el centro del capital financiero mundial la privatización de las empresas estatales que ofrecían tales servicios, lo cual aporta dos elementos fundamentales para ese capital: por una parte, ya anotada, se crea un nuevo mecanismo de explotación de la población, aún la pauperizada, y de otro lado la venta de los activos estatales (privatización) libera recursos que aportan al pago de las obligaciones financieras de las naciones, para beneficio directo del rentismo mundial.
De otro lado, se mantiene con importancia creciente el consumo de fuentes energéticas. La sociedad desarrollada mundial, cada vez más tecnificada, demanda para su funcionamiento y progreso cantidades cada vez mayores de energía masiva disponible. Lejos aún de su sustitución, la posesión de yacimientos de combustibles fósiles (petróleo, gas natural, carbón) ya en su etapa de declinación, genera conflictos graves de competencia. Las guerras de Afganistán e Irak, la presión sobre Irán, los intentos de desestabilización de Venezuela, dirigida ésta por un gobierno que enfrenta las políticas de la metrópoli, y aún la ubicación geográfica de buena parte de los conflictos armados en Colombia, todo ello responde a la necesidad imperial de poseer o controlar las fuentes de abastecimiento energético.
1.1.3 Las consecuencias sociales
La voracidad de esta forma de acumulación acarrea consecuencias sensibles para la población. Ante la disminución y aún la eliminación de la ganancia del aparato productivo por la succión creciente que de la plusvalía hace el sector financiero, el productor decide profundizar la explotación del trabajador. Así surge la necesidad “urgente” de incrementar los niveles de “eficiencia” en la empresa (reducción de costos de producción) y en los Estados (reducción de costos de funcionamiento), lo cual se traduce en la reducción del valor de la fuerza de trabajo por la vía de la intensificación del uso de la misma (plusvalía relativa), incluido el recorte de personal; para ello requiere la “flexibilización” de las condiciones de trabajo. El desempleo, consecuencia natural del proceso, además de generar malestar social lleva consigo la disminución sensible de la demanda de bienes y servicios por parte de la población en general y ello termina afectando negativamente la producción y por ende, intensificando la condición de la explotación de la fuerza de trabajo para volver al ciclo que destruye la generación de riqueza.
Menos riqueza producida y menos empleo mientras crecen los ingresos del sector especulativo financiero, significan mayor concentración de la riqueza y niveles insoportables de pobreza e indigencia.
El conjunto conduce a una situación opresiva que tiende a generar reacciones de la población solo contenibles por la vía de la represión. Así se favorecen los modelos autoritarios de gobierno que consideran subversivas (ahora terroristas) las manifestaciones de inconformidad o de descontento. Se trata de un subproducto natural del régimen actual de acumulación.
Pero no se trata de reprimir toda manifestación de descontento; al fin y al cabo la manifestación aislada, individual, no ofrece mayores riesgos para el régimen. Lo peligroso para él es el descontento organizado y en su contra se dirige el esfuerzo de los dueños del poder. Los sindicatos, organizaciones de defensa de derechos humanos, las organizaciones comunales y agrarias, los partidos de oposición, se convierten en blanco de la agresión del sistema por cuanto a partir de ellas es que la sociedad puede provocar un giro que revierta la situación en favor de las mayorías.
En épocas anteriores, como en aquella de Pinochet en Chile, la represión asociada a la imposición y al mantenimiento de la política neoliberal era ejercida directa y abiertamente por el Estado. Las condiciones internacionales actuales, la facilidad de las comunicaciones y la experiencia ya vivida en muchas naciones incluidas las del cono sur latinoamericano, hacen poco viable la repetición impune de ese ejercicio en cabeza de un gobierno; el método es entonces tratar de preservar la imagen del Estado y ejercer la represión desde aparatos paraestatales con apoyo encubierto de las fuerzas legales. Genocidios como el desarrollado contra la Unión Patriótica, que se construía como alternativa de poder en Colombia, la agresión asesina contra sindicalistas y otras manifestaciones, son causados por los dueños del poder para perpetuar sus beneficios eliminando, por el uso del terror, la oposición organizada.
La destrucción del aparato productivo, el consecuente incremento del desempleo y la pobreza, la concentración de la riqueza, el control nacional por organismos internacionales, los conflictos sociales y armados, guardan hoy estrecha correlación con el predominio rentista en nuestra nación y en el mundo.
1.2 La resistencia
El modelo de acumulación imperante, a pesar de lo anotado, enfrenta resistencias crecientes en todo el mundo y, en particular, en América Latina. Ya los chantajes de la gran potencia y de su instrumento, el Fondo Monetario Internacional, surten efectos decrecientes que se evidencian en la negativa de gobiernos, con visos democráticos, a seguir de manera sumisa sus mandatos. La crisis del neoliberalismo se profundiza mientras la oposición va en ascenso, aún desde sociedades capitalistas.
Gobiernos y pueblos, cada vez más conscientes de los efectos de la política neoliberal, manifiestan su negativa a continuar bajo el imperio del gran capital especulativo mundial. En la actualidad crece esta posición en naciones como Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, por supuesto Cuba y, en alguna medida, también en Chile, Brasil, Nicaragua, Uruguay, mientras avanza en el pueblo mejicano.
La OMC, instrumento para garantizar el libre flujo mundial de mercancías, capitales y servicios, se estanca en su búsqueda de acuerdos globales de libre comercio mientras en América Latina se detiene la propuesta del ALCA y se reemplaza por tratados bilaterales (TLC) que son sólo acogidos por gobiernos súbditos como el colombiano.
Se vive un momento de agudización de la confrontación entre el capital financiero mundial y el afán de los pueblos por desatar los lazos de la dependencia.
Aún desde la esfera del capital se observan movimientos de oposición al dominio del sector especulativo. Varios de los antes considerados grandes teóricos de la economía mundial, impulsores de las actuales políticas, recogen sus planteamientos indicando las graves consecuencias, para la sociedad y el propio capital, que se causarían por la continuidad de las políticas neoliberales. Hoy critican los mandatos del FMI que antes ellos mismos ayudaron a construir. Su ambición es la defensa del sistema capitalista que no podría sostenerse bajo la prevalencia de las políticas actuales. Nuestra ambición es el aprovechamiento de la crisis para impulsar la transformación de la sociedad hacia una sin explotadores ni explotados.
En lo interno, a pesar de las dificultades naturales generadas por la misma acción de la clase en el poder, se consolida la idea de la necesidad de hacer frente a las políticas que causan la crisis. A pesar del clima de represión, la oposición activa crece y se consolida tendiendo a la unidad por la construcción de una democracia avanzada para Colombia.
1.2.1 Las formas de lucha
El régimen aplica diversos métodos de acción: la violencia directa y medidas reformistas, en una combinación de formas de dominación. Ante ello, el pueblo colombiano históricamente ha aplicado una multiplicidad de formas de lucha, desde las formas legales y abiertas de acciones o reivindicaciones económicas y laborales, por mejoras sociales, por la tierra, por las libertades, por los derechos humanos y la cultura, pasando por las contiendas electorales y parlamentarias y, frente a la imposición de la violencia militarista y oligárquica, también la lucha armada en sus distintas manifestaciones de masas, de acuerdo con las condiciones concretas de cada lugar y momento.
Quienes atan a Colombia a un proceso de violencia son el imperialismo y los círculos oligárquicos dominantes que se niegan a la democratización plena del país, en contravía de la demanda de vastos sectores de opinión. En la medida que el régimen niegue una salida política e incremente el uso de la fuerza y los métodos fascistas de gobierno, el pueblo se ve obligado a utilizar formas de resistencia civil o armada de masas, dependiendo de su grado de organización y conciencia.
1.3 Los actores de la sociedad
El panorama se complementa con la descripción de los distintos actores de nuestra sociedad, y de su forma de acción.
2) LAS CADENAS PRODUCTIVAS
Introducción
Los cambios generados en la economía como producto de la globalización, hacen más dependientes a las economías y exigen de ellas mayores niveles de competitividad, para ganar mercados. El logro de competitividad ya no es exclusividad de una sola empresa, sino del sector en el cual se desarrolla la actividad y las condiciones que un país brinda para que sus sectores productivos puedan competir en el mercado.
Desde esta perspectiva, las políticas de desarrollo que los estados deben de llevar es asumir un enfoque integrador, donde se enlacen las actividades que intervienen en el proceso productivo de un bien agropecuario, a través de la formación de las cadenas productivas, de modo tal que actúen como una unidad, posibilitando que la participación coordinada y consciente de los actores de la cadena productiva genere valor, posibilitando que todos los participantes se beneficien de la misma.
Definición de una cadena productiva
Es definida como un "Conjunto de agentes económicos que participan directamente en la producción, transformación y en el traslado hasta el mercado de realización de un mismo producto agropecuario".(Duruflé, Fabre y Young. Traducido por IICA)
Como se esta demostrando, ninguna actividad productiva puede desenvolverse de manera aislada, pues existen relaciones de interdependencia entre los agentes económicos que demuestran una participación en conjunto y articulada, a esta participación en los riesgos y beneficios en la producción se le denomina también cadena productiva.Situación Actual
La situación actual de muchos sectores agropecuarios (generalmente de camélidos, caprinos y cuyes) demuestran una falta de integración entre los agentes productivos, los cuales por el contrario, compiten individualmente entre si (proveedores de insumos, intermediarios, medios de transformación, comercialización, etc). En este mundo globalizado, los niveles de competencia se hacen más exigentes, por lo que se tiene que empezar a trabajar a nivel de una competencia entre cadenas productivas, para lograr el desarrollo del sector agropecuario.
En nuestro medio, el Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General de Promoción Agraria, viene fomentando la constitución formal de las cadenas productivas, así tenemos a las cadenas: avícola-porcino-maíz amarillo duro y vacunos de leche, como las más desarrolladas, y a las cadenas de vacunos carne, alpacas y cuyes en proceso de formación.
Por ello el Estado y el sector productivo privado enfrentan un desafío de trabajo articulado que si se deja de lado, podría significar otra oportunidad perdida para el país.
Proceso de formación de las cadenas productivas
Para la formación de una cadena se tiene en consideración las siguientes etapas:
1. Análisis de la cadena.- Para la integración de los agentes y hacer frente a los problemas de interés común, se tiene que realizar los siguientes actividades:
- Definición de la estructura de la cadena productiva (Por ejemplo: productor, acopiador rural, mayorista, hasta el consumidor ).- Definición del funcionamiento, roles de los actores.- Identificación de los principales problemas y cuellos de botella (Por ejemplo: relaciones entre los productores y los compradores, entre los industriales y los comerciantes, etc.) TRES ESTRUCTURAS POSIBLES DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS
2. Establecer diálogos para la acción.- Los agentes económicos deberán desarrollar un diálogo franco y abierto para establecer la competitividad con equidad a través de los siguientes pasos:
- Consultas Institucionales, entre los entes privados y estatales.- Mesas de diálogo, entre los representantes de las instituciones involucradas.- Mesas de concertación, en las cuales se van a definir la suscripción de Acuerdos, Convenios, Contratos, etc. entre las instituciones involucradas.Principales ventajas de la integración en una cadena productiva
El fortalecimiento de las instituciones participantes en los acuerdos.
Mayor rentabilidad en la producción obteniendo mejores precios y reduciendo los costos.
Disminución del riesgo.
Facilidad en el acceso a los insumos.
Acceso a fuentes de financiamiento, créditos y economías de escala.
Acceso a información de mercados.
Mayor acceso a tecnologías de punta.
Mejor aprovechamiento de la mano de obra familiar.
Modelo: la cadena productiva de maíz amarillo duro - avicultura
En nuestro medio una de las Cadenas que esta dando las pautas en el desarrollo del sector agropecuario es el de Maíz Amarillo Duro (MAD) - Avicultura, es a través de un primer acuerdo que se estableció la firma del Convenio Marco de Intención de Compra-Venta a futuro de Maíz Nacional que la asociación Peruana de Avicultura y el Comité Nacional de Productores de Maíz y Sorgo suscribieron con el Ministerio de Agricultura el 14 de Agosto de 1997.
Este convenio viene siendo renovado actualmente, además entre 1997 y 2000, se ha logrado incrementar la producción nacional de maíz, de 605,700 a 960,400 toneladas métricas, lo cual representa un incremento del 58.6% en la producción nacional, en tanto que las importaciones en el mismo período han disminuido de casi 1 millón a 845,000 toneladas métricas, con lo cual se fortalece la tendencia en la disminución de importación de maíz amarillo duro, beneficiando así a la economía nacional y rural.
Esta cadena empieza con la producción de la materia prima que se da en el agro (maíz, sorgo, soya, algodón), en la pesca (harina y grasa), en la agroquímica (productos veterinarios y aditivos) y la petroquímica (gas y combustibles). También se ven involucradas actividades de investigación y desarrollo (medicina veterinaria) y de soporte técnico (maquinarias y equipos). Se concluye que el último enlace en la cadena es primero el consumidor local y luego el consumidor del mundo.
A continuación presentamos primero un modelo de las fases de producción en la cadena productiva MAD-Avicultura, desde la obtención de pollos BB de carne y postura, Huevos fértiles, etc. hasta la producción final como pollos de carne, huevos comerciales y otros. Seguido de otro modelo de comercialización en la cadena donde se detalla las fases de distribución de las aves; desde las granjas hasta los diferentes locales de expendio (Consumo final); ambos modelos constituyen una posible estructura de la cadena productiva MAD - Avicultura en nuestro país.
MODELO DE LAS FASES DE PRODUCCIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA: MAIZ AMARILLO DURO - AVICULTURAHaz click en la imagen para verla más grande
MODELO DE COMERCIALIZACION EN LA CADENA PRODUCTIVA : MAIZ AMARILLO DURO- AVICULTURA
4) GENERALIDADES Y FINANCIACIAMIENTO DE PROYECTOS
Emprendimiento
Es la capacidad de iniciar, crear y formar un proyecto a través de identificación d ideas y oportunidades de negocio
El fondo emprender Es un Fondo creado por el Gobierno Nacional. El objetivo del fondo es apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas.
FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS
Se financia proyectos empresariales provenientes de Aprendices, Practicantes Universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o Profesionales que no superen dos años de haber recibido su PRIMER titulo profesional.
El fondo aporta hasta un máximo de 180 SMLV, según la cantidad de empleos que genere el proyecto. El capital puede ser no reembolsable si el grupo de emprendedores cumple los indicadores pactados en el plan de negocio. El capital aportado es utilizado para adquisición de maquinaria, equipos, costos de constitución legal, licencias requeridas, capital de trabajo y un porcentaje para adecuaciones o remodelaciones.
viernes, 29 de febrero de 2008
jueves, 28 de febrero de 2008
ACTIVIDAD 1
1) COLOMBIA
CARACTERISTICAS
Colombia está geográficamente en el centro de lo que fuera el imperio colonial español , y promedia todo lo que fue característico del proceso geopolítico, económico y social hispanoamericano entre los siglos XVI y XIX. Puede decirse que es su mejor sustrato. Pero además, Colombia fue seguramente la nación que hizo el mayor aporte y el mejor aprendizaje de la guerra de Independencia en el continente suramericano, dado que soldados colombianos combatieron en Venezuela, Ecuador y Perú. Colombia, en suma, es caribe, es también parte del Pacifico, es Andina, es Amazónica. De todo eso, y de unos componentes raciales relativamente equilibrados entre blancos, indígenas y negros, Colombia deriva un fuerte mestizaje, sobretodo en el plano cultural, lo cual le imprime mayor homogeneidad a su contexto humano que otros países con población indígena más marcada, como México, Guatemala, Perú o Bolivia; o con mayor presencia europea, como Argentina o Chile. Se trata desde luego de un mestizaje incompleto, pero que avanza desde muy atrás en razón de que aquí no ha habido inmigración importante desde la Colonia.
Situado al Noroeste de América del Sur, Colombia es el cuarto país de la Región por su tamaño. Son parte de su territorio las islas caribeñas de San Andres, Providencia y otras, e igualmente las de Gorgona, Gorronilla y Malpelo, en el Pacifico. El territorio colombiano está atravesado de Norte a Sur por la gran Cordillera de Los Andes, que se divide en tres cadenas: Occidental, Central y Oriental. Hacia el Este, siguiendo la cuenca del Orinoco, hay extensos llanos de vegetación herbácea propia para la ganadería. En el Sur (Amazonia colombiana), abunda la selva virgen y habitan principalmente tribus indígenas.
El Sistema de Educación
Las personas que viven en Colombia tienen que hacer una decisión. Hay dos tipos de escuelas--las publicas y las privadas. Las escuelas privadas cuestan mucho dinero. Generalmente, solo los ricos asisten a las escuelas privadas. Ellas están situadas en ciudades grandes. Los estudiantes necesitan pasar exámenes difíciles antes de comenzar sus educaciones en las escuelas privadas. Estas escuelas preparan a los estudiantes para asistir a un colegio o una universidad buena. Las escuelas publicas son gratis. Los estudiantes aprenden la religión Católica en las escuelas.
Los estudiantes colombianos empiezan sus educaciones cuando tienen seis o siete anos, un poco mas tarde que los americanos. No existe una ley que manda que la gente asista a la escuela. En los Estados Unidos, la gran mayoría de la población va a escuela, pero en Colombia, menos que 50% de la población recibe una educación.
El país de Colombia tiene un nivel bajo de la capacidad de leer y escribir. Esto es porque la mayoría de la gente es pobre y no va a la escuela. Sus trabajos no requieren la aptitud de leer o escribir.
Economía
Hay una gran diferencia entre las clases sociales y sus trabajos. Los ricos trabajan en posiciones profesionales, como profesores, cuentistas, o doctores, mientras los pobres trabajan en campos cultivando los cosechas como maíz o tabaco. Es muy difícil para los pobres romper la cicla de pobreza.
Familia
La familia es el grupo mas importante a una persona que vive en Colombia. En los Estados Unidos, la familia consiste en los padres y los hijos. A menudo, los hijos salen de la casa y van a una universidad lejos de los padres. A veces, trabajan lejos de la casa. Pero en América Latina, el opuesto es la manera de la vida general. Una familia típica consiste en los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, etc. Es muy común para los abuelos vivir con los padres y los hijos en la misma casa. Los hitos y los primos usualmente viven en el mismo barrio. Ellos se visitan frecuentemente. Estas situaciones ocurren en las ciudades pequeñas o áreas rurales mas que en los metrópolis.
Religión
La principal religión en Colombia es catolicismo. Hay iglesias en los centros de cada ciudad. Los colombianos asisten a la iglesia los domingos. Juntos, rezan a Dios. Después de las misas, visitan o comen o hacen otras actividades sociales. Los colombianos aportan la iglesia con dinero. La iglesia es todavia una parte importante de la vida de un colombiano.
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO
La organización del Estado colombiano ofrece dos caminos distintos:
En el camino de las ramas del poder público, nos encontramos con las ramas legislativa, judicial y ejecutiva. En éstas están representadas las diferentes instituciones de cada uno de los sectores del poder público.
En la rama ejecutiva se encuentran las que representan al Gobierno, en la rama legislativa se encuentran el Senado y la Cámara de Representantes, que conforman el Congreso; y en la rama judicial se encuentran las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
Por el otro camino nos encontramos con los llamados órganos, éstos se dividen en órganos de control, organización electoral y otros.
Los órganos de control se encargan, por medio de la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, de supervisar las acciones tanto de las instituciones que hacen parte de cualquiera de las ramas del poder público como de la sociedad civil.
La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes se encargan de velar por la realización y supervisión legítima de los procesos electorales.
En lo que atañe a los demás órganos, sobresalen el Banco de la República (como la principal entidad de control en el manejo de la economía del país) y la Comisión Nacional de Televisión, que se encarga de crear políticas de censura y control acerca de lo que se ve en la televisión colombiana.
Estructura del estado colombiano
Al igual que la Constitución de 1886 que reemplazó, la Constitución de 1991 establece tres poderes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. También establece órganos autónomos con funciones específicas para el cumplimiento de los cometidos adicionales del Estado colombiano. Como señaló la Comisión en su "Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia", el Poder Ejecutivo ha gozado de facultades preponderantes en la estructura constitucional. No obstante, la actual Constitución procura establecer una relación más equilibrada entre los poderes. A esos efectos confiere atribuciones más amplias al Poder Legislativo para ejercer control político sobre el Gobierno y refuerza la independencia del Poder Judicial y la función de revisión judicial de los actos legislativos y administrativos. (Véase el Organigrama del Estado Colombiano.
El Poder Legislativo
El Poder Legislativo está formado por el Senado y la Cámara de Representantes, que conjuntamente forman el Congreso colombiano, con asiento en la capital de la República. La función básica del Congreso consiste en enmendar la Constitución, sancionar leyes y ejercer el control político del Gobierno. Todos sus miembros son electos directamente por el pueblo por un período de cuatro años. El Senado tiene 100 miembros electos a nivel nacional y los miembros de la Cámara de Representantes son electos por distritos. Se reservan dos bancas adicionales en el Senado para representantes de las comunidades indígenas. La ley puede prever también la elección de miembros a la Cámara de Representantes por un sistema no basado en distritos, para garantizar la participación de grupos étnicos y minorías políticas. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen comisiones de derechos humanos.
El Congreso tiene varias facultades especiales importantes. Por ejemplo, puede otorgar amnistías o indultos por delitos políticos. También está facultado para aprobar o rechazar tratados suscritos por el Gobierno con otros Estados o con organismos internacionales. El Congreso está obligado a dar prioridad a los proyectos de leyes de aprobación de tratados sobre derechos humanos que ponga a su consideración el Gobierno. Además puede conferir al Presidente de la República facultades extraordinarias específicas para dictar normas con fuerza de ley por un período de hasta seis meses en caso de necesidad o cuando lo requiera el interés público.
2. El Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, que cumple funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Poder Ejecutivo está constituido también por los miembros del Gabinete y los directores de los departamentos administrativos. Conforme al artículo 188 de la Constitución, el Presidente no sólo debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, sino que también debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. El Presidente tiene un mandato de cuatro años y no puede ser reelecto. El gabinete ministerial incluye los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, quienes cumplen un papel importante en la implementación de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en contacto regular con la CIDH en su rol de ejecutor de la política exterior del Estado e interlocutor ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Dentro de la Presidencia de la República existe la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Esta oficina atiende denuncias referentes a violaciones de derechos humanos tramitadas en los sistemas internos. Cumple esa labor en colaboración con las autoridades pertinentes, especialmente la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los tribunales competentes. Además, se ocupa de atender solicitudes efectuadas al Gobierno colombiano por organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales en relación con la situación de los derechos humanos en el país y las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en virtud de los tratados y convenciones que ha ratificado. Por lo tanto, la Consejería realiza una labor referente a casos y situaciones tramitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cumple esta parte de su labor en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
El Poder Judicial
La Constitución prevé que la administración de justicia en Colombia está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los diversos tribunales y jueces y el sistema de justicia penal militar. La Constitución establece que la administración de justicia constituye una función pública. La judicatura goza de independencia para adoptar sus decisiones y sus procedimientos son públicos.
a. La Corte Suprema
La Corte Suprema es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria. La Corte misma lleva a cabo la elección de los 23 magistrados, a partir de listas de candidatos presentados por el Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados prestan servicios por un plazo de ocho años. Los miembros de la Corte sesionan en plenario y en cámaras separadas para entender en apelaciones en materia civil, penal y laboral.
La Corte Suprema de Justicia tiene carácter de tribunal de apelaciones, pero también es competente para investigar y juzgar a determinadas autoridades de alto nivel en primera instancia por cualquier transgresión punible de la que sean acusados. Esas autoridades son el Presidente de la República, los miembros del Gabinete, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, otras autoridades de alto rango y miembros del Congreso. La Corte Suprema actúa también como Tribunal de Casación, inclusive en casos que se ventilan ante el sistema de justicia penal militar.
b. El Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Además presta servicios como órgano asesor del Gobierno en cuestiones de derecho administrativo. Veintiséis magistrados son electos al Consejo de Estado por ese mismo cuerpo a partir de listas de candidatos presentados por el Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados prestan servicios por un plazo de ocho años. Los miembros del Consejo de Estado sesionan en plenario y en la cámara de lo contencioso-administrativo, así como en las cámaras de asesoramiento y servicio civil.
La cámara de lo contencioso-administrativo entiende en acciones de nulidad basadas en inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno Nacional que no sean de competencia de la Corte Constitucional. También entiende en casos de ilegalidad de actos administrativos nacionales dictados por cualquiera de los poderes de Gobierno o por entidades privadas que cumplan funciones públicas. La tercera sección de la cámara de lo contencioso-administrativo se ocupa de cuestiones de reparaciones directas por actos y omisiones gubernamentales que causen perjuicios a las personas. Estos procedimientos comprenden aquellos en que el Estado es demandado por violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes.
c. La Corte Constitucional
La Corte Constitucional tiene a su cargo la jurisdicción constitucional establecida como parte del sistema judicial colombiano. El Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional por un plazo de ocho años. Los magistrados deben estar capacitados en diferentes ámbitos jurídicos.
La Corte Constitucional cumple varias funciones, incluidas las siguientes: 1) falla en casos planteados por ciudadanos en que se impugnen por inconstitucionalidad actos de enmienda de la Constitución, por vicios de procedimiento; 2) decide si la convocatoria de un referéndum o una asamblea constituyente para enmendar la Constitución es compatible con la Constitución, cuando se aducen errores procesales; 3) falla en casos planteados por ciudadanos en que se impugnen por inconstitucionalidad leyes o decretos con fuerza de ley, por razones procesales o sustantivas; 4) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno conforme a una declaración de estado de emergencia; 5) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los proyectos de leyes que el Gobierno haya impugnado como inconstitucionales por razones procesales o sustantivas; 6) revisa las decisiones de tribunales inferiores referentes a las acciones instauradas para la protección de ciertos derechos constitucionales (acciones "de tutela"); 7) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
La Comisión ha observado que la Corte Constitucional, que recién comenzó a funcionar en 1992, ha logrado un alto nivel de respetabilidad y prestigio debido a que trata en forma independiente y objetiva cuestiones de gran importancia para el ejercicio de los derechos humanos y el imperio de la ley en Colombia. La Corte ha dictado sentencias muy claramente justificadas sobre temas que van desde la constitucionalidad de amnistías por delitos políticos, a las leyes referentes a los derechos de la mujer en el trabajo, a la declaración de estados de emergencia, etc. El papel de la Corte como instancia definitiva en acciones de tutela, que sirven para definir los derechos fundamentales, también ha sido extremadamente positivo. La Corte ha dictado sentencias en que se ordena la protección de los derechos de grupos indígenas, miembros del partido político Unión Patriótica, etc. La Comisión analizará algunas de esas sentencias en forma más detallada en las secciones pertinentes del presente informe. La Comisión está muy complacida de haber acordado un convenio de cooperación con la Corte Constituticional de Colombia que será firmado el 17 de noviembre de 1998 en la sede de la Comisión.
d. La Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación está formada por el Fiscal General, los fiscales delegados y otros funcionarios. La Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de la Nación a partir de una lista de candidatos presentados por el Presidente, por un período de cuatro años. La Fiscalía General forma parte del Poder Judicial y goza de autonomía administrativa y presupuestaria.
La Fiscalía General es competente para adoptar medidas, de oficio o a partir de denuncias, encaminadas a investigar delitos y acusar a los sospechosos ante las cortes y tribunales competentes en el sistema de justicia ordinario y regional. La Fiscalía General carece de esa competencia en el caso de los delitos comprendidos en la jurisdicción del sistema de justicia militar. La creación de la Fiscalía General y el consiguiente establecimiento de dos entidades independientes para la investigación y el juicio de los casos criminales constituye una innovación que apareció en la Constitución de 1991.
Para cumplir sus funciones como órgano de investigación y procesamiento, la Fiscalía General puede adoptar medidas que garanticen que las personas identificadas como sospechosas de haber cometido delitos comparezcan ante los tribunales, inclusive a través del dictado de órdenes de detención preventiva. La Fiscalía General dirige y coordina, además, la labor de entidades de investigación que dependen de la Policía Nacional y otros organismos similares. Por otra parte puede adoptar medidas destinadas a proteger a víctimas, a los testigos y a otras personas afectadas por procedimientos penales.
Dentro de la Fiscalía General existen varias entidades que trabajan en relación estrecha con casos de derechos humanos. La Unidad de Derechos Humanos se ocupa de formular acusaciones en casos de especial importancia referentes a supuestas violaciones de derechos humanos, ante los tribunales del sistema de justicia regional. Se ocupa de muchos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en forma de denuncias individuales. La Oficina de Asuntos Internacionales se ocupa de coordinar la labor de la Fiscalía con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, y de proporcionarles información en relación con casos de su interés procesados por la Fiscalía General.
La Comisión entiende que la creación de la Fiscalía General de la Nación constituyó un importante adelanto en la administración de justicia en Colombia. La Fiscalía ha ganado una reputación en general favorable y goza de credibilidad. Además ha profesionalizado y hecho más eficiente la investigación y la formulación de acusaciones en casos penales, aunque siguen existiendo graves problemas en el sistema de justicia penal de Colombia, que se analizarán en forma más profunda más adelante en el presente Informe. Como ya señaló la Comisión, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación merece especial reconocimiento por haber logrado llevar adelante importantes casos de derechos humanos pese a vigorosos ataques de diversos sectores que han procurado impedir su labor. La Unidad de Derechos Humanos ha dispuesto numerosas detenciones de supuestos violadores de los derechos humanos y ha logrado algunas importantes condenas.
e. El Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura es también una institución creada por la Constitución de 1991. Está dividido en la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. La primera está formada por seis magistrados, dos de los cuales son electos por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria está formada por siete magistrados electos por el Congreso.
El Consejo Superior de la Judicatura cumple numerosos cometidos administrativos e institucionales vinculados con los tribunales colombianos y con el ejercicio del derecho en Colombia. Por ejemplo, prepara listas de candidatos para nombramientos en el Poder Judicial, castiga las faltas cometidas por miembros de la judicatura y abogados en ejercicio de su profesión, controla el desempeño de los bufetes de abogados y prepara el proyecto de presupuesto del Poder Judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura tiene un cometido adicional que influye considerablemente en muchos casos referentes a graves violaciones de derechos humanos. Es competente para resolver los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones. Esta función reviste importancia en los casos de derechos humanos cuando el Consejo Superior suele tener que resolver si un caso pertenece a la jurisdicción de la justicia ordinaria o del sistema de justicia militar.
f. Tribunales penales militares
El artículo 221 de la Constitución de Colombia tiene el texto siguiente:
De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.
Esta disposición se aplica a los miembros de la Policía Nacional así como a los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), que en conjunto constituyen la Fuerza Pública.
La justicia penal militar ha sido organizada en Colombia a través de las disposiciones del Código Penal Militar dictadas el 12 de diciembre de 1988, conforme al Decreto 2250. En dicho sistema, el comandante de la respectiva división, brigada, batallón u otra entidad inicia los trámites y hace las veces de tribunal de primera instancia en conjunción con los consejos verbales de guerra que nombra. Los consejos verbales de guerra son presididos por el Presidente de los mismos, que cumple un papel especial en los procedimientos. Los fallos de esos consejos pueden ser apelados por ciertas razones ante el Tribunal Superior Militar. Este último es un tribunal de apelaciones del sistema de justicia militar. El Presidente del Tribunal Superior Militar es el Comandante de las Fuerzas Militares.
4. Órganos de control
En la sección en que se describe la estructura del Estado y se establecen los tres principales poderes de gobierno, la Constitución colombiana crea también "los órganos de control", que no pertenecen a ninguno de los tres poderes principales. Se trata del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. El Contralor General supervisa la administración de los fondos públicos. El Ministerio Público tiene cometidos pertinentes para el análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia.
La máxima jerarquía del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, electo por el Senado por un plazo de cuatro años, de una lista de candidatos presentados por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Procurador General y sus delegados tienen una amplia gama de cometidos, incluidas la protección de los derechos humanos y la defensa de la Constitución y las leyes de Colombia. La labor realizada por el Ministerio Público y el Procurador General se divide entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
a. Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General se encarga de realizar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a los agentes del Estado, tanto civiles como miembros de las Fuerzas Militares. En consecuencia está facultada, por ejemplo, para investigar violaciones de derechos humanos y eventualmente disponer la separación del servicio de miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de cualquier otro organismo estatal responsable de esas violaciones. La Procuraduría General de la Nación está dividida, para el cumplimiento de estas funciones, en procuradurías delegadas. Por ejemplo, existen procuradores delegados para los derechos humanos (competentes en casos de desapariciones, torturas y masacres) y para las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Policía Judicial.
La Procuraduría General puede intervenir también en procedimientos judiciales y administrativos, incluidos los que se llevan a cabo en el sistema de justicia militar, cuando es necesario para preservar el respeto de los derechos humanos. En la práctica, esta facultad permite al personal de la Procuraduría solicitar la acusación de personas adicionales en casos penales, la apertura o clausura de investigaciones, la formulación de cargos, etc., tanto en el sistema de justicia penal ordinario como en el de justicia penal militar. La Comisión señala, sin embargo, que la intervención de la Procuraduría General en procedimientos penales en el sistema de justicia militar ha sido extremadamente reducida.
La Procuraduría General cumple un papel importante, y en general positivo, en los casos de derechos humanos. La sanción de los agentes estatales que participan en abusos de los derechos humanos constituye un componente importante de la reparación debida en esos casos. La Procuraduría General ha adoptado sanciones disciplinarias en muchos casos en que los procedimientos penales no han dado lugar al procesamiento y a la sanción penal de los responsables de violaciones de los derechos humanos. Aunque el Estado está obligado en la mayoría de esos casos a realizar investigaciones y llevar a cabo procedimientos eficaces en materia penal, que den lugar al castigo penal de los responsables, por lo menos cumple en parte su obligación de reaccionar disponiendo sanciones disciplinarias. Quienes cometen violaciones de los derechos humanos valiéndose de su autoridad como funcionarios públicos no deben mantener esa posición de autoridad. Los procedimientos disciplinarios llevados a cabo en el sistema jurídico colombiano pueden ser conducentes a garantizar que ésto no ocurra.
No obstante, debe señalarse que los procedimientos disciplinarios llevados a cabo en Colombia no siempre han funcionado de ese modo positivo. En muchos casos, han sido ineficaces e ineficientes. El Estado ha omitido el castigo de muchos violadores de derechos humanos permitiendo la prescripción de la acción disciplinaria, o actuando ineficazmente en materia de recopilación y preparación de las pruebas necesarias. En otros casos las sanciones impuestas no han sido proporcionales a la gravedad de la infracción cometida.
La Comisión señala que la Procuraduría General está facultada para realizar investigaciones e imponer sanciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que actúen impropiamente en el curso de los procedimientos penales, tanto en lo referente al sistema de justicia penal ordinario como al de justicia penal militar. Esta facultad puede constituir un instrumento importante para combatir la impunidad en la administración de justicia penal. No obstante, la Comisión entiende que esas investigaciones de la Procuraduría rara vez han culminado en forma positiva.
La Comisión estima que la labor de la Procuraduría General de la Nación debe seguir mejorando, para que pueda cumplir su misión. Esa labor debe y puede constituir un instrumento importante para la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia.
b. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo cumple sus cometidos bajo la dirección del Procurador General de la Nación. El Defensor del Pueblo es electo por la Cámara de Representantes de una lista de candidatos presentada por el Presidente, por un período de cuatro años.
El Defensor se ocupa de promover y proteger los derechos humanos. En consecuencia es responsable de realizar actividades de educación, capacitación y publicidad referentes a temas de derechos humanos. Además es competente para invocar el derecho de habeas corpus e incoar acciones de tutela.
En algunos casos la Defensoría del Pueblo ha cumplido un papel importante en la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en 1992 la Corte Constitucional le encomendó preparar un informe referente a la situación del partido político Unión Patriótica. El informe preparado por la Defensoría fue muy claro y amplio, y ha constituido un instrumento importante para comprender la trágica y complicada situación de la Unión Patriótica. Análogamente, la Defensora nombrada por la Defensoría para la región de Urabá, María Girlesa Villegas, que ocupó ese cargo durante varios años, cumplió un papel importante llamando la atención de las autoridades competentes y organismos internacionales con respecto a los abusos de derechos humanos ocurridos en esa zona. La Defensoría ha cumplido también una labor importante en relación con las poblaciones indígenas. Presentó, por ejemplo, una acción de tutela en defensa de la comunidad indígena U'wa, defendiendo el derecho de esta última a ser consultada adecuadamente antes de que se realicen actividades de exploración de petróleo en su territorio.
La Defensoría del Pueblo debería recibir el apoyo necesario del Gobierno colombiano y otras entidades del Estado colombiano para que pueda cumplir plenamente sus cometidos como órgano dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos.
2) DEBERES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR Y EL CIUDADANO
Cuando empiezas un nuevo trabajo, normalmente se redacta un contrato escrito entre el empleador y el empleado en que se indican las condiciones concernientes justamente a este empleo: por ejemplo el horario de trabajo, el salario, las remuneraciones en especie, los posibles aumentos del salario, los días del pago de los salarios etc. Otras condiciones generales aplicables en Finlandia se encuentran en las páginas de los sindicatos.
Información sobre sindicatos y enlaces
El empleado tiene derecho:
a un salario que está en conformidad con el convenio colectivo
a la protección proporcionada por las leyes y los contratos
a la sindicación
a un ambiente laboral sano y seguro
El empleador tiene que respetar el convenio colectivo. No puede, por ejemplo, pagar un salario menor al definido en el contrato.
El empleador no debe discriminar a un empleado a la hora de tomar decisiones sobre la distribución de las tareas y sobre el progreso en la carrera o sobre si se pone término al contrato. La discriminación en el trabajo es un crimen. En casos de discriminación puedes tomar contacto con la autoridad para la seguridad e higiene en el trabajo.
En situaciones problemáticas puedes consultar con el delegado de seguridad e higiene en el trabajo, el jefe de seguridad e higiene del trabajo o el delegado sindical.
Si en el lugar de trabajo hay un mínimo de 10 empleados, ellos eligen al delegado de seguridad e higiene en el trabajo (työsuojeluvaltuutettu) que les representa.
El empleador asigna en cada lugar de trabajo a un jefe de seguridad e higiene del trabajo (työsuojelupäällikkö).
La mayor parte de los asalariados finlandeses pertenecen a un sindicato. En el lugar de trabajo el delegado sindical (luottamusmies) representa el sindicato y los empleados que son miembros del sindicato.
Más información
Como empleado tienes el deber de cumplir con el horario acordado. Si estás enfermo, averíguate después de cuántos días de enfermedad el empleador exige un certificado de médico. Recuerda también que tienes que adoptar las prácticas del lugar de trabajo. Haciendo esto te adaptas fácilmente a la comunidad laboral.
El empleado tiene el deber de:
realizar su trabajo escrupulosamente
seguir las instrucciones del supervisor
rechazar una actividad en que se compite con el empleador
mantener los secretos comerciales y profesionales
tener en cuenta el interés del empleador
Información sobre los impuestos y el régimen de jubilación
Si deseas saber más sobre la vida laboral, la legislación, los derechos y los deberes, los contratos de trabajo y otras cosas concernientes al trabajo, ve la llave para el mercado laboral (työmarkkina-avain). Encontrarás información sobre el contrato de trabajo y la legislación laboral también en las páginas de la Administración de Trabajo.
Deber del ciudadano
Artículo 22.- La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Artículo 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para matener la independencia y la integridad nacionales;
Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
Propender al logro y mantenimiento de la paz;
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;
Contribuír al financiamineto de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad
Deberes del ciudadano
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
3) MINISTERIOS
Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además de las funciones señaladas por la ley, las siguientes (Artículo 2 / Decreto 4675 de 2006):
Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en todos sus niveles y modalidades.
Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país.
Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para las diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, básica, media y superior.
Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, en los términos que defina la ley.
Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.
Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus actividades.
Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación.
Dirigir la actividad administrativa del Sector y coordinar los programas intersectoriales.
Dirigir el Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de Acreditación y de Evaluación de la Educación.
Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de sus entidades adscritas, de las entidades territoriales y de la comunidad educativa.
Apoyar los procesos de autonomía local e institucional, mediante la formulación de lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control de la gestión administrativa y pedagógica.
Propiciar la participación de los medios de comunicación en los procesos de educación integral permanente.
Promover y gestionar la cooperación internacional en todos los aspectos que interesen al Sector, de conformidad con los Iineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la administración del servicio público educativo y designar de forma temporal un administrador especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 715 de 2001.
Dirigir el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su funcionamiento.
Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjeras.
Formular políticas para el fomento de la Educación Superior.
Las demás que le sean asignadas.
Funciones;Plan Nacional de Desarrollo Educativo; preescolar,media y superior;Ministerio de Relaciones Exteriores, men,
CARACTERISTICAS
Colombia está geográficamente en el centro de lo que fuera el imperio colonial español , y promedia todo lo que fue característico del proceso geopolítico, económico y social hispanoamericano entre los siglos XVI y XIX. Puede decirse que es su mejor sustrato. Pero además, Colombia fue seguramente la nación que hizo el mayor aporte y el mejor aprendizaje de la guerra de Independencia en el continente suramericano, dado que soldados colombianos combatieron en Venezuela, Ecuador y Perú. Colombia, en suma, es caribe, es también parte del Pacifico, es Andina, es Amazónica. De todo eso, y de unos componentes raciales relativamente equilibrados entre blancos, indígenas y negros, Colombia deriva un fuerte mestizaje, sobretodo en el plano cultural, lo cual le imprime mayor homogeneidad a su contexto humano que otros países con población indígena más marcada, como México, Guatemala, Perú o Bolivia; o con mayor presencia europea, como Argentina o Chile. Se trata desde luego de un mestizaje incompleto, pero que avanza desde muy atrás en razón de que aquí no ha habido inmigración importante desde la Colonia.
Situado al Noroeste de América del Sur, Colombia es el cuarto país de la Región por su tamaño. Son parte de su territorio las islas caribeñas de San Andres, Providencia y otras, e igualmente las de Gorgona, Gorronilla y Malpelo, en el Pacifico. El territorio colombiano está atravesado de Norte a Sur por la gran Cordillera de Los Andes, que se divide en tres cadenas: Occidental, Central y Oriental. Hacia el Este, siguiendo la cuenca del Orinoco, hay extensos llanos de vegetación herbácea propia para la ganadería. En el Sur (Amazonia colombiana), abunda la selva virgen y habitan principalmente tribus indígenas.
El Sistema de Educación
Las personas que viven en Colombia tienen que hacer una decisión. Hay dos tipos de escuelas--las publicas y las privadas. Las escuelas privadas cuestan mucho dinero. Generalmente, solo los ricos asisten a las escuelas privadas. Ellas están situadas en ciudades grandes. Los estudiantes necesitan pasar exámenes difíciles antes de comenzar sus educaciones en las escuelas privadas. Estas escuelas preparan a los estudiantes para asistir a un colegio o una universidad buena. Las escuelas publicas son gratis. Los estudiantes aprenden la religión Católica en las escuelas.
Los estudiantes colombianos empiezan sus educaciones cuando tienen seis o siete anos, un poco mas tarde que los americanos. No existe una ley que manda que la gente asista a la escuela. En los Estados Unidos, la gran mayoría de la población va a escuela, pero en Colombia, menos que 50% de la población recibe una educación.
El país de Colombia tiene un nivel bajo de la capacidad de leer y escribir. Esto es porque la mayoría de la gente es pobre y no va a la escuela. Sus trabajos no requieren la aptitud de leer o escribir.
Economía
Hay una gran diferencia entre las clases sociales y sus trabajos. Los ricos trabajan en posiciones profesionales, como profesores, cuentistas, o doctores, mientras los pobres trabajan en campos cultivando los cosechas como maíz o tabaco. Es muy difícil para los pobres romper la cicla de pobreza.
Familia
La familia es el grupo mas importante a una persona que vive en Colombia. En los Estados Unidos, la familia consiste en los padres y los hijos. A menudo, los hijos salen de la casa y van a una universidad lejos de los padres. A veces, trabajan lejos de la casa. Pero en América Latina, el opuesto es la manera de la vida general. Una familia típica consiste en los padres, los hijos, los abuelos, los tíos, etc. Es muy común para los abuelos vivir con los padres y los hijos en la misma casa. Los hitos y los primos usualmente viven en el mismo barrio. Ellos se visitan frecuentemente. Estas situaciones ocurren en las ciudades pequeñas o áreas rurales mas que en los metrópolis.
Religión
La principal religión en Colombia es catolicismo. Hay iglesias en los centros de cada ciudad. Los colombianos asisten a la iglesia los domingos. Juntos, rezan a Dios. Después de las misas, visitan o comen o hacen otras actividades sociales. Los colombianos aportan la iglesia con dinero. La iglesia es todavia una parte importante de la vida de un colombiano.
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO COLOMBIANO
La organización del Estado colombiano ofrece dos caminos distintos:
En el camino de las ramas del poder público, nos encontramos con las ramas legislativa, judicial y ejecutiva. En éstas están representadas las diferentes instituciones de cada uno de los sectores del poder público.
En la rama ejecutiva se encuentran las que representan al Gobierno, en la rama legislativa se encuentran el Senado y la Cámara de Representantes, que conforman el Congreso; y en la rama judicial se encuentran las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
Por el otro camino nos encontramos con los llamados órganos, éstos se dividen en órganos de control, organización electoral y otros.
Los órganos de control se encargan, por medio de la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, de supervisar las acciones tanto de las instituciones que hacen parte de cualquiera de las ramas del poder público como de la sociedad civil.
La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral y por la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes se encargan de velar por la realización y supervisión legítima de los procesos electorales.
En lo que atañe a los demás órganos, sobresalen el Banco de la República (como la principal entidad de control en el manejo de la economía del país) y la Comisión Nacional de Televisión, que se encarga de crear políticas de censura y control acerca de lo que se ve en la televisión colombiana.
Estructura del estado colombiano
Al igual que la Constitución de 1886 que reemplazó, la Constitución de 1991 establece tres poderes de gobierno: legislativo, ejecutivo y judicial. También establece órganos autónomos con funciones específicas para el cumplimiento de los cometidos adicionales del Estado colombiano. Como señaló la Comisión en su "Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia", el Poder Ejecutivo ha gozado de facultades preponderantes en la estructura constitucional. No obstante, la actual Constitución procura establecer una relación más equilibrada entre los poderes. A esos efectos confiere atribuciones más amplias al Poder Legislativo para ejercer control político sobre el Gobierno y refuerza la independencia del Poder Judicial y la función de revisión judicial de los actos legislativos y administrativos. (Véase el Organigrama del Estado Colombiano.
El Poder Legislativo
El Poder Legislativo está formado por el Senado y la Cámara de Representantes, que conjuntamente forman el Congreso colombiano, con asiento en la capital de la República. La función básica del Congreso consiste en enmendar la Constitución, sancionar leyes y ejercer el control político del Gobierno. Todos sus miembros son electos directamente por el pueblo por un período de cuatro años. El Senado tiene 100 miembros electos a nivel nacional y los miembros de la Cámara de Representantes son electos por distritos. Se reservan dos bancas adicionales en el Senado para representantes de las comunidades indígenas. La ley puede prever también la elección de miembros a la Cámara de Representantes por un sistema no basado en distritos, para garantizar la participación de grupos étnicos y minorías políticas. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes tienen comisiones de derechos humanos.
El Congreso tiene varias facultades especiales importantes. Por ejemplo, puede otorgar amnistías o indultos por delitos políticos. También está facultado para aprobar o rechazar tratados suscritos por el Gobierno con otros Estados o con organismos internacionales. El Congreso está obligado a dar prioridad a los proyectos de leyes de aprobación de tratados sobre derechos humanos que ponga a su consideración el Gobierno. Además puede conferir al Presidente de la República facultades extraordinarias específicas para dictar normas con fuerza de ley por un período de hasta seis meses en caso de necesidad o cuando lo requiera el interés público.
2. El Poder Ejecutivo
El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, que cumple funciones de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Poder Ejecutivo está constituido también por los miembros del Gabinete y los directores de los departamentos administrativos. Conforme al artículo 188 de la Constitución, el Presidente no sólo debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de Colombia, sino que también debe garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. El Presidente tiene un mandato de cuatro años y no puede ser reelecto. El gabinete ministerial incluye los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, quienes cumplen un papel importante en la implementación de los compromisos asumidos por el Estado en materia de derechos humanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores se mantiene en contacto regular con la CIDH en su rol de ejecutor de la política exterior del Estado e interlocutor ante los organismos internacionales de derechos humanos.
Dentro de la Presidencia de la República existe la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Esta oficina atiende denuncias referentes a violaciones de derechos humanos tramitadas en los sistemas internos. Cumple esa labor en colaboración con las autoridades pertinentes, especialmente la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y los tribunales competentes. Además, se ocupa de atender solicitudes efectuadas al Gobierno colombiano por organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales en relación con la situación de los derechos humanos en el país y las obligaciones asumidas por el Estado colombiano en virtud de los tratados y convenciones que ha ratificado. Por lo tanto, la Consejería realiza una labor referente a casos y situaciones tramitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cumple esta parte de su labor en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
El Poder Judicial
La Constitución prevé que la administración de justicia en Colombia está a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los diversos tribunales y jueces y el sistema de justicia penal militar. La Constitución establece que la administración de justicia constituye una función pública. La judicatura goza de independencia para adoptar sus decisiones y sus procedimientos son públicos.
a. La Corte Suprema
La Corte Suprema es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción ordinaria. La Corte misma lleva a cabo la elección de los 23 magistrados, a partir de listas de candidatos presentados por el Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados prestan servicios por un plazo de ocho años. Los miembros de la Corte sesionan en plenario y en cámaras separadas para entender en apelaciones en materia civil, penal y laboral.
La Corte Suprema de Justicia tiene carácter de tribunal de apelaciones, pero también es competente para investigar y juzgar a determinadas autoridades de alto nivel en primera instancia por cualquier transgresión punible de la que sean acusados. Esas autoridades son el Presidente de la República, los miembros del Gabinete, el Fiscal General, el Procurador General, el Defensor del Pueblo, otras autoridades de alto rango y miembros del Congreso. La Corte Suprema actúa también como Tribunal de Casación, inclusive en casos que se ventilan ante el sistema de justicia penal militar.
b. El Consejo de Estado
El Consejo de Estado es el tribunal de mayor jerarquía en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Además presta servicios como órgano asesor del Gobierno en cuestiones de derecho administrativo. Veintiséis magistrados son electos al Consejo de Estado por ese mismo cuerpo a partir de listas de candidatos presentados por el Consejo Superior de la Judicatura. Los magistrados prestan servicios por un plazo de ocho años. Los miembros del Consejo de Estado sesionan en plenario y en la cámara de lo contencioso-administrativo, así como en las cámaras de asesoramiento y servicio civil.
La cámara de lo contencioso-administrativo entiende en acciones de nulidad basadas en inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno Nacional que no sean de competencia de la Corte Constitucional. También entiende en casos de ilegalidad de actos administrativos nacionales dictados por cualquiera de los poderes de Gobierno o por entidades privadas que cumplan funciones públicas. La tercera sección de la cámara de lo contencioso-administrativo se ocupa de cuestiones de reparaciones directas por actos y omisiones gubernamentales que causen perjuicios a las personas. Estos procedimientos comprenden aquellos en que el Estado es demandado por violaciones a los derechos humanos cometidas por sus agentes.
c. La Corte Constitucional
La Corte Constitucional tiene a su cargo la jurisdicción constitucional establecida como parte del sistema judicial colombiano. El Senado elige a los magistrados de la Corte Constitucional por un plazo de ocho años. Los magistrados deben estar capacitados en diferentes ámbitos jurídicos.
La Corte Constitucional cumple varias funciones, incluidas las siguientes: 1) falla en casos planteados por ciudadanos en que se impugnen por inconstitucionalidad actos de enmienda de la Constitución, por vicios de procedimiento; 2) decide si la convocatoria de un referéndum o una asamblea constituyente para enmendar la Constitución es compatible con la Constitución, cuando se aducen errores procesales; 3) falla en casos planteados por ciudadanos en que se impugnen por inconstitucionalidad leyes o decretos con fuerza de ley, por razones procesales o sustantivas; 4) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno conforme a una declaración de estado de emergencia; 5) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los proyectos de leyes que el Gobierno haya impugnado como inconstitucionales por razones procesales o sustantivas; 6) revisa las decisiones de tribunales inferiores referentes a las acciones instauradas para la protección de ciertos derechos constitucionales (acciones "de tutela"); 7) se pronuncia sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.
La Comisión ha observado que la Corte Constitucional, que recién comenzó a funcionar en 1992, ha logrado un alto nivel de respetabilidad y prestigio debido a que trata en forma independiente y objetiva cuestiones de gran importancia para el ejercicio de los derechos humanos y el imperio de la ley en Colombia. La Corte ha dictado sentencias muy claramente justificadas sobre temas que van desde la constitucionalidad de amnistías por delitos políticos, a las leyes referentes a los derechos de la mujer en el trabajo, a la declaración de estados de emergencia, etc. El papel de la Corte como instancia definitiva en acciones de tutela, que sirven para definir los derechos fundamentales, también ha sido extremadamente positivo. La Corte ha dictado sentencias en que se ordena la protección de los derechos de grupos indígenas, miembros del partido político Unión Patriótica, etc. La Comisión analizará algunas de esas sentencias en forma más detallada en las secciones pertinentes del presente informe. La Comisión está muy complacida de haber acordado un convenio de cooperación con la Corte Constituticional de Colombia que será firmado el 17 de noviembre de 1998 en la sede de la Comisión.
d. La Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía General de la Nación está formada por el Fiscal General, los fiscales delegados y otros funcionarios. La Corte Suprema de Justicia elige al Fiscal General de la Nación a partir de una lista de candidatos presentados por el Presidente, por un período de cuatro años. La Fiscalía General forma parte del Poder Judicial y goza de autonomía administrativa y presupuestaria.
La Fiscalía General es competente para adoptar medidas, de oficio o a partir de denuncias, encaminadas a investigar delitos y acusar a los sospechosos ante las cortes y tribunales competentes en el sistema de justicia ordinario y regional. La Fiscalía General carece de esa competencia en el caso de los delitos comprendidos en la jurisdicción del sistema de justicia militar. La creación de la Fiscalía General y el consiguiente establecimiento de dos entidades independientes para la investigación y el juicio de los casos criminales constituye una innovación que apareció en la Constitución de 1991.
Para cumplir sus funciones como órgano de investigación y procesamiento, la Fiscalía General puede adoptar medidas que garanticen que las personas identificadas como sospechosas de haber cometido delitos comparezcan ante los tribunales, inclusive a través del dictado de órdenes de detención preventiva. La Fiscalía General dirige y coordina, además, la labor de entidades de investigación que dependen de la Policía Nacional y otros organismos similares. Por otra parte puede adoptar medidas destinadas a proteger a víctimas, a los testigos y a otras personas afectadas por procedimientos penales.
Dentro de la Fiscalía General existen varias entidades que trabajan en relación estrecha con casos de derechos humanos. La Unidad de Derechos Humanos se ocupa de formular acusaciones en casos de especial importancia referentes a supuestas violaciones de derechos humanos, ante los tribunales del sistema de justicia regional. Se ocupa de muchos casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en forma de denuncias individuales. La Oficina de Asuntos Internacionales se ocupa de coordinar la labor de la Fiscalía con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana, y de proporcionarles información en relación con casos de su interés procesados por la Fiscalía General.
La Comisión entiende que la creación de la Fiscalía General de la Nación constituyó un importante adelanto en la administración de justicia en Colombia. La Fiscalía ha ganado una reputación en general favorable y goza de credibilidad. Además ha profesionalizado y hecho más eficiente la investigación y la formulación de acusaciones en casos penales, aunque siguen existiendo graves problemas en el sistema de justicia penal de Colombia, que se analizarán en forma más profunda más adelante en el presente Informe. Como ya señaló la Comisión, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación merece especial reconocimiento por haber logrado llevar adelante importantes casos de derechos humanos pese a vigorosos ataques de diversos sectores que han procurado impedir su labor. La Unidad de Derechos Humanos ha dispuesto numerosas detenciones de supuestos violadores de los derechos humanos y ha logrado algunas importantes condenas.
e. El Consejo Superior de la Judicatura
El Consejo Superior de la Judicatura es también una institución creada por la Constitución de 1991. Está dividido en la Sala Administrativa y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria. La primera está formada por seis magistrados, dos de los cuales son electos por la Corte Suprema, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria está formada por siete magistrados electos por el Congreso.
El Consejo Superior de la Judicatura cumple numerosos cometidos administrativos e institucionales vinculados con los tribunales colombianos y con el ejercicio del derecho en Colombia. Por ejemplo, prepara listas de candidatos para nombramientos en el Poder Judicial, castiga las faltas cometidas por miembros de la judicatura y abogados en ejercicio de su profesión, controla el desempeño de los bufetes de abogados y prepara el proyecto de presupuesto del Poder Judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura tiene un cometido adicional que influye considerablemente en muchos casos referentes a graves violaciones de derechos humanos. Es competente para resolver los conflictos de competencia entre las diferentes jurisdicciones. Esta función reviste importancia en los casos de derechos humanos cuando el Consejo Superior suele tener que resolver si un caso pertenece a la jurisdicción de la justicia ordinaria o del sistema de justicia militar.
f. Tribunales penales militares
El artículo 221 de la Constitución de Colombia tiene el texto siguiente:
De los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.
Esta disposición se aplica a los miembros de la Policía Nacional así como a los miembros de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), que en conjunto constituyen la Fuerza Pública.
La justicia penal militar ha sido organizada en Colombia a través de las disposiciones del Código Penal Militar dictadas el 12 de diciembre de 1988, conforme al Decreto 2250. En dicho sistema, el comandante de la respectiva división, brigada, batallón u otra entidad inicia los trámites y hace las veces de tribunal de primera instancia en conjunción con los consejos verbales de guerra que nombra. Los consejos verbales de guerra son presididos por el Presidente de los mismos, que cumple un papel especial en los procedimientos. Los fallos de esos consejos pueden ser apelados por ciertas razones ante el Tribunal Superior Militar. Este último es un tribunal de apelaciones del sistema de justicia militar. El Presidente del Tribunal Superior Militar es el Comandante de las Fuerzas Militares.
4. Órganos de control
En la sección en que se describe la estructura del Estado y se establecen los tres principales poderes de gobierno, la Constitución colombiana crea también "los órganos de control", que no pertenecen a ninguno de los tres poderes principales. Se trata del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. El Contralor General supervisa la administración de los fondos públicos. El Ministerio Público tiene cometidos pertinentes para el análisis de la situación de los derechos humanos en Colombia.
La máxima jerarquía del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, electo por el Senado por un plazo de cuatro años, de una lista de candidatos presentados por el Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. El Procurador General y sus delegados tienen una amplia gama de cometidos, incluidas la protección de los derechos humanos y la defensa de la Constitución y las leyes de Colombia. La labor realizada por el Ministerio Público y el Procurador General se divide entre la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
a. Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría General se encarga de realizar investigaciones disciplinarias e imponer sanciones a los agentes del Estado, tanto civiles como miembros de las Fuerzas Militares. En consecuencia está facultada, por ejemplo, para investigar violaciones de derechos humanos y eventualmente disponer la separación del servicio de miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional o de cualquier otro organismo estatal responsable de esas violaciones. La Procuraduría General de la Nación está dividida, para el cumplimiento de estas funciones, en procuradurías delegadas. Por ejemplo, existen procuradores delegados para los derechos humanos (competentes en casos de desapariciones, torturas y masacres) y para las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Policía Judicial.
La Procuraduría General puede intervenir también en procedimientos judiciales y administrativos, incluidos los que se llevan a cabo en el sistema de justicia militar, cuando es necesario para preservar el respeto de los derechos humanos. En la práctica, esta facultad permite al personal de la Procuraduría solicitar la acusación de personas adicionales en casos penales, la apertura o clausura de investigaciones, la formulación de cargos, etc., tanto en el sistema de justicia penal ordinario como en el de justicia penal militar. La Comisión señala, sin embargo, que la intervención de la Procuraduría General en procedimientos penales en el sistema de justicia militar ha sido extremadamente reducida.
La Procuraduría General cumple un papel importante, y en general positivo, en los casos de derechos humanos. La sanción de los agentes estatales que participan en abusos de los derechos humanos constituye un componente importante de la reparación debida en esos casos. La Procuraduría General ha adoptado sanciones disciplinarias en muchos casos en que los procedimientos penales no han dado lugar al procesamiento y a la sanción penal de los responsables de violaciones de los derechos humanos. Aunque el Estado está obligado en la mayoría de esos casos a realizar investigaciones y llevar a cabo procedimientos eficaces en materia penal, que den lugar al castigo penal de los responsables, por lo menos cumple en parte su obligación de reaccionar disponiendo sanciones disciplinarias. Quienes cometen violaciones de los derechos humanos valiéndose de su autoridad como funcionarios públicos no deben mantener esa posición de autoridad. Los procedimientos disciplinarios llevados a cabo en el sistema jurídico colombiano pueden ser conducentes a garantizar que ésto no ocurra.
No obstante, debe señalarse que los procedimientos disciplinarios llevados a cabo en Colombia no siempre han funcionado de ese modo positivo. En muchos casos, han sido ineficaces e ineficientes. El Estado ha omitido el castigo de muchos violadores de derechos humanos permitiendo la prescripción de la acción disciplinaria, o actuando ineficazmente en materia de recopilación y preparación de las pruebas necesarias. En otros casos las sanciones impuestas no han sido proporcionales a la gravedad de la infracción cometida.
La Comisión señala que la Procuraduría General está facultada para realizar investigaciones e imponer sanciones disciplinarias contra las autoridades judiciales que actúen impropiamente en el curso de los procedimientos penales, tanto en lo referente al sistema de justicia penal ordinario como al de justicia penal militar. Esta facultad puede constituir un instrumento importante para combatir la impunidad en la administración de justicia penal. No obstante, la Comisión entiende que esas investigaciones de la Procuraduría rara vez han culminado en forma positiva.
La Comisión estima que la labor de la Procuraduría General de la Nación debe seguir mejorando, para que pueda cumplir su misión. Esa labor debe y puede constituir un instrumento importante para la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia.
b. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo cumple sus cometidos bajo la dirección del Procurador General de la Nación. El Defensor del Pueblo es electo por la Cámara de Representantes de una lista de candidatos presentada por el Presidente, por un período de cuatro años.
El Defensor se ocupa de promover y proteger los derechos humanos. En consecuencia es responsable de realizar actividades de educación, capacitación y publicidad referentes a temas de derechos humanos. Además es competente para invocar el derecho de habeas corpus e incoar acciones de tutela.
En algunos casos la Defensoría del Pueblo ha cumplido un papel importante en la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, en 1992 la Corte Constitucional le encomendó preparar un informe referente a la situación del partido político Unión Patriótica. El informe preparado por la Defensoría fue muy claro y amplio, y ha constituido un instrumento importante para comprender la trágica y complicada situación de la Unión Patriótica. Análogamente, la Defensora nombrada por la Defensoría para la región de Urabá, María Girlesa Villegas, que ocupó ese cargo durante varios años, cumplió un papel importante llamando la atención de las autoridades competentes y organismos internacionales con respecto a los abusos de derechos humanos ocurridos en esa zona. La Defensoría ha cumplido también una labor importante en relación con las poblaciones indígenas. Presentó, por ejemplo, una acción de tutela en defensa de la comunidad indígena U'wa, defendiendo el derecho de esta última a ser consultada adecuadamente antes de que se realicen actividades de exploración de petróleo en su territorio.
La Defensoría del Pueblo debería recibir el apoyo necesario del Gobierno colombiano y otras entidades del Estado colombiano para que pueda cumplir plenamente sus cometidos como órgano dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos.
2) DEBERES Y DERECHOS DEL TRABAJADOR Y EL CIUDADANO
Cuando empiezas un nuevo trabajo, normalmente se redacta un contrato escrito entre el empleador y el empleado en que se indican las condiciones concernientes justamente a este empleo: por ejemplo el horario de trabajo, el salario, las remuneraciones en especie, los posibles aumentos del salario, los días del pago de los salarios etc. Otras condiciones generales aplicables en Finlandia se encuentran en las páginas de los sindicatos.
Información sobre sindicatos y enlaces
El empleado tiene derecho:
a un salario que está en conformidad con el convenio colectivo
a la protección proporcionada por las leyes y los contratos
a la sindicación
a un ambiente laboral sano y seguro
El empleador tiene que respetar el convenio colectivo. No puede, por ejemplo, pagar un salario menor al definido en el contrato.
El empleador no debe discriminar a un empleado a la hora de tomar decisiones sobre la distribución de las tareas y sobre el progreso en la carrera o sobre si se pone término al contrato. La discriminación en el trabajo es un crimen. En casos de discriminación puedes tomar contacto con la autoridad para la seguridad e higiene en el trabajo.
En situaciones problemáticas puedes consultar con el delegado de seguridad e higiene en el trabajo, el jefe de seguridad e higiene del trabajo o el delegado sindical.
Si en el lugar de trabajo hay un mínimo de 10 empleados, ellos eligen al delegado de seguridad e higiene en el trabajo (työsuojeluvaltuutettu) que les representa.
El empleador asigna en cada lugar de trabajo a un jefe de seguridad e higiene del trabajo (työsuojelupäällikkö).
La mayor parte de los asalariados finlandeses pertenecen a un sindicato. En el lugar de trabajo el delegado sindical (luottamusmies) representa el sindicato y los empleados que son miembros del sindicato.
Más información
Como empleado tienes el deber de cumplir con el horario acordado. Si estás enfermo, averíguate después de cuántos días de enfermedad el empleador exige un certificado de médico. Recuerda también que tienes que adoptar las prácticas del lugar de trabajo. Haciendo esto te adaptas fácilmente a la comunidad laboral.
El empleado tiene el deber de:
realizar su trabajo escrupulosamente
seguir las instrucciones del supervisor
rechazar una actividad en que se compite con el empleador
mantener los secretos comerciales y profesionales
tener en cuenta el interés del empleador
Información sobre los impuestos y el régimen de jubilación
Si deseas saber más sobre la vida laboral, la legislación, los derechos y los deberes, los contratos de trabajo y otras cosas concernientes al trabajo, ve la llave para el mercado laboral (työmarkkina-avain). Encontrarás información sobre el contrato de trabajo y la legislación laboral también en las páginas de la Administración de Trabajo.
Deber del ciudadano
Artículo 22.- La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
Artículo 95.- La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios;
Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituídas para matener la independencia y la integridad nacionales;
Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país;
Propender al logro y mantenimiento de la paz;
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia;
Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano;
Contribuír al financiamineto de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad
Deberes del ciudadano
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
El deber de Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
3) MINISTERIOS
Corresponde al Ministerio de Educación Nacional cumplir, además de las funciones señaladas por la ley, las siguientes (Artículo 2 / Decreto 4675 de 2006):
Formular la política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad de la educación, en todos sus niveles y modalidades.
Preparar y proponer los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo económico y social del país.
Dictar las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para las diferentes modalidades de prestación del servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, básica, media y superior.
Asesorar a los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, en los términos que defina la ley.
Impulsar, coordinar y financiar programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan Nacional de Desarrollo.
Velar por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus actividades.
Evaluar, en forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación.
Dirigir la actividad administrativa del Sector y coordinar los programas intersectoriales.
Dirigir el Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de Acreditación y de Evaluación de la Educación.
Coordinar todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público de la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de sus entidades adscritas, de las entidades territoriales y de la comunidad educativa.
Apoyar los procesos de autonomía local e institucional, mediante la formulación de lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control de la gestión administrativa y pedagógica.
Propiciar la participación de los medios de comunicación en los procesos de educación integral permanente.
Promover y gestionar la cooperación internacional en todos los aspectos que interesen al Sector, de conformidad con los Iineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Suspender la capacidad legal de las autoridades territoriales para la administración del servicio público educativo y designar de forma temporal un administrador especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la ley 715 de 2001.
Dirigir el proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su funcionamiento.
Formular la política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por Instituciones de Educación Superior extranjeras.
Formular políticas para el fomento de la Educación Superior.
Las demás que le sean asignadas.
Funciones;Plan Nacional de Desarrollo Educativo; preescolar,media y superior;Ministerio de Relaciones Exteriores, men,
Educación en Colombia, sistema educativo de Colombia
.2 Legislación vigente del sistema educativo colombiano
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Los principios fundamentales del sistema educativo colombiano están recogidos en la Constitución política de Colombia y en la Ley General de Educación de 1994. Esta ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación y se fundamenta en los principios de la Constitución política sobre el derecho que tiene toda persona a recibir educación.
La Constitución, en su artículo 67, dice lo siguiente: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social... Formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica mínima. La educación será gratuita en las instituciones del Estado. La nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales en los términos que señalen la Constitución y la Ley”.
El artículo 68 refiere las condiciones para la creación y gestión de los establecimientos educativos: “La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación... La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa”. La Constitución establece también que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.
Colombia necesitó casi una década para aumentar en un grado el nivel promedio de escolaridad, que continúa siendo bajo para el nivel de desarrollo del país. A comienzos de siglo, la escolaridad media de la población de 15 años o más solo era superior a la de siete países de la región, (Brasil, Nicaragua, Haití, República Dominicana, El Salvador, Honduras y Guatemala). Durante las ultimas décadas Colombia ha realizado grandes esfuerzos para superar los escollos en los distintos niveles educativos, y actualmente existen planes sectoriales específicamente destinados a mejorar la cobertura, calidad y eficiencia de la formación.
3 Niveles del sistema educativo
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El Sistema Educativo comprende la educación formal, que se imparte dentro de periodos lectivos y conduce a la obtención de titulaciones académicas, y la educación no formal, que se imparte sin sujeción a periodos de secuencia regulada y no conduce a grados ni a títulos.
La educación formal comprende los siguientes niveles progresivos:
- Educación preescolar
- Educación básica (primaria y secundaria)
- Educación media
- Educación superior
La educación preescolar se refiere a niños menores de 6 años de edad y será obligatoria, mínimo en un año lectivo (edad de 5 años).
La educación básica comprende un ciclo de educación “básica primaria“ que se extiende del grado 1 al 5, a niños cuyas edades oscilan entre los 6 y los 10 años, y el ciclo de educación “básica secundaria“ que se imparte del grado 6 al 9, entre las edades de 11 a 14 años, en instituciones privadas u oficiales. Tanto en este caso como en la educación primaria, el plan de estudios está organizado por áreas de conocimiento.
La educación media vocacional (véase Enseñanza media superior) comprende los grados 10 y 11 para los alumnos cuyas edades oscilen entre los 15 y 16 años. Culmina con la expedición del título de bachiller, en el que se especifica la modalidad y especialidad.
La educación superior continúa la formación integral del hombre como persona culta y útil a la sociedad y conduce a la obtención de títulos o a la acumulación de derechos académicos en las modalidades educativas de formación intermedia profesional, formación tecnológica, formación universitaria y formación avanzada o de posgrado.
En la actualidad la educación básica primaria se ofrece de manera totalmente gratuita en las escuelas oficiales. En la secundaria, en la media y universitaria oficiales se pagan algunos derechos mínimos de acuerdo con los ingresos de los padres de familia.
4 Otros tipos y modalidades de educación
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4.1 Educación especial
La educación especial se refiere a aquellos estudiantes sobresalientes o a aquellos que presenten deficiencias físicas, mentales, emocionales, sociales, o tengan dificultades especiales en el aprendizaje. El gobierno establecerá programas, estimulará la iniciativa privada y promoverá la formación de personal docente y la investigación.
Diversas instituciones se han especializado en los siguientes tipos de limitación:
- Retardo mental.
- Limitación auditiva.
- Limitación visual.
- Limitación física.
- Dificultades en el aprendizaje.
- Problemas de conducta o de personalidad.
- Facultades sobresalientes.
- Casos crónicos de salud.
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